Se había fracturado la muñeca.
Minutos después apareció Octavio Valdés.
Miró a su hijo, el bidón y el vestido empapado de Sofía.
Pero su primera pregunta no fue si mi hija estaba bien.
—¿Quién más vio esto?
—¡Necesitamos una ambulancia! —le exigí.
Octavio levantó una mano.
—Héctor, tranquilícese. Fue una broma desafortunada. No necesitamos convertir esto en un escándalo.
Después ordenó a los muchachos guardar sus teléfonos.
Cuando llegó el policía Martín Luna, conocido suyo, Octavio lo apartó para conversar en privado.
Mi hija fue trasladada al hospital donde trabajaba Laura. Necesitó catorce grapas por la herida de la cabeza y tratamiento por irritación química y quemaduras superficiales en las piernas.
Sobrevivió.
Pero aquella madrugada recibí un correo que me dejó helado.
El director informaba a las familias que un padre de familia había agredido a un estudiante durante el baile, provocándole una fractura.
Ni una palabra sobre la gasolina.
Ni una palabra sobre Sofía.
Al día siguiente apareció un video editado de Sebastián, mostrándose como víctima de un padre violento.
Miles de personas comenzaron a insultarme en redes sociales.
El lunes, la empresa aseguradora con la que colaboraba canceló mi contrato.
Ese mismo día, el hospital comunicó a Laura que perdería sus turnos nocturnos, justamente los que mejor pagaban.
—Nos quieren destruir —dijo ella llorando de rabia.
—Quieren que tengamos demasiado miedo para hablar —respondí.
Pero entonces Sofía me confesó algo que llevaba nueve meses ocultando.
Todo había comenzado con Mateo Cruz, un muchacho de quince años que estudiaba en el mismo colegio.
Sebastián y sus amigos lo habían humillado durante una supuesta broma en los vestidores. Después publicaron el video.
Mateo dejó de asistir a clases.
Sofía escribió una declaración de tres páginas denunciando lo sucedido. La entregó al subdirector, Mauricio Herrera.
Dos semanas después, Octavio le aseguró que aquella declaración nunca había existido.
—Pero Sebastián se enteró, papá. Desde entonces me decía que estaba preparando una sorpresa especial para mí.
Sentí un frío terrible.
Mi hija había pasado nueve meses soportando amenazas porque intentó defender a otro estudiante.
Busqué a Rosa Cruz, la madre de Mateo.
Tenía una pequeña tintorería en Guadalajara.
Al principio no quiso hablar.
Después me mostró parte de un convenio de confidencialidad.
El colegio le había entregado ochenta mil pesos a cambio de retirar sus reclamaciones y guardar silencio.
Pero había un detalle extraño.
El dinero no provenía de las cuentas oficiales del colegio.
Había salido del Patronato Halcones, una asociación creada para recaudar fondos destinados a becas y mejoras escolares.
Localicé a Arturo Pineda, tesorero del patronato.
Cuando le pregunté por aquel pago, se puso pálido.
—Octavio me dijo que era para reparar el techo del gimnasio. Yo firmé el cheque sin revisar.
—¿La aseguradora del colegio sabe que pagaron para ocultar una denuncia?
Arturo negó lentamente.
Aquello cambiaba todo.
Durante nueve años había trabajado investigando siniestros y detectando inconsistencias en reclamaciones. Sabía que ocultar antecedentes graves podía provocar una controversia enorme sobre la cobertura de responsabilidad civil del colegio.
Pero todavía necesitábamos pruebas.
El miércoles por la noche tocaron a nuestra puerta.
Era Daniel, uno de los muchachos que había grabado a Sebastián, acompañado por su madre.
Tenía los ojos hinchados.
—Señor Salazar, el director nos ordenó borrar los videos. Yo le dije que lo había hecho.
Sacó su celular.
