Mi suegro soltó una carcajada cuando me vio entrar sola al tribunal, mientras su hijo estaba sentado allí con 3 abogados. “¿Ni siquiera pudiste pagar uno?”, dijo delante de todos. Lo que él no sabía era que, antes de casarme, yo había trabajado durante años como abogada militar. No discutí. Simplemente abrí mi portafolio y le entregué una carpeta a la jueza. Minutos después, ella hizo una pregunta que borró la sonrisa de toda su familia.

Las pruebas iniciales parecían suficientes para responsabilizarlo, pero encontré inconsistencias en los registros de acceso.

Después de varias semanas, conseguimos demostrar que los movimientos habían sido alterados y que Gabriel no había participado.

La investigación posterior señaló irregularidades relacionadas con el entonces coronel Beltrán.

Gabriel quedó libre.

Beltrán perdió su cargo operativo y pasó a retiro.

Poco después alguien presentó una acusación contra mí por supuesta manipulación de testigos.

Fui investigada.

La acusación resultó infundada.

Sin embargo, el desgaste me llevó a solicitar mi separación voluntaria del servicio.

Hasta aquel momento había creído que esa historia estaba enterrada.

Me equivoqué.

Mi antigua compañera, Teresa Molina, había trabajado conmigo en asuntos jurídicos militares y ahora dirigía una pequeña agencia de investigaciones privadas.

Nos reunimos la mañana siguiente en una cafetería de Juriquilla.

—Beltrán trabaja como consultor de cumplimiento para Grupo Salcedo desde hace 2 años —me explicó.

Puso varias fotografías sobre la mesa.

En una, Ernesto y Beltrán aparecían jugando golf.

En otra, salían juntos de las oficinas de una empresa financiera.

—Las transferencias que encontramos suman aproximadamente 26 millones de pesos en los últimos 18 meses —continuó Teresa—.

Parte del dinero pasó por sociedades vinculadas con Beltrán.

Sentí que el café se me volvía amargo.

—Quieren hacerme responsable.

—Eso parece.

Pero todavía necesitamos demostrar quién ordenó los movimientos.

Le pedí que preservara toda la información obtenida legalmente y que solicitara la documentación mediante las vías correspondientes.

Aquella misma tarde fui con una abogada penalista independiente, Laura Castañeda.

Le conté todo.

No quería cometer el error de investigar posibles delitos por mi cuenta mientras defendía mi patrimonio.

Laura revisó los instrumentos notariales y los registros societarios.

—Mariana, aquí hay 2 problemas diferentes —me explicó—.

Uno es demostrar que el convenio que presentó Rodrigo es falso.

El otro es determinar si utilizaron tu identidad para mover dinero.

—¿Y si la empresa tiene deudas?

—La titularidad de las partes sociales no significa automáticamente que todas las obligaciones sean personales.

Pero si falsificaron autorizaciones a tu nombre, tienes que denunciarlo y protegerte cuanto antes.

Presentamos una denuncia ante la Fiscalía competente y solicitamos medidas para preservar los registros bancarios y digitales.

También promovimos las actuaciones pertinentes para que el juzgado familiar conociera la posible falsificación.

Luego fui a buscar a la notaria que aparecía en el convenio.

Se llamaba Gloria Villaseñor.

Tenía 72 años y trabajaba en una oficina discreta del centro de Querétaro.

Cuando vio la copia, se puso pálida.

—¿Recuerda haberme visto el 14 de septiembre de 2022? —pregunté.

Bajó la mirada.

—Su suegra me dijo que usted estaba enferma.

Sentí un nudo en el estómago.

—Ese día yo estaba en Puebla.

Mi mamá murió 2 días después.

Gloria se llevó una mano al pecho.

—Beatriz aseguró que usted ya había firmado.

Dijo que su amiga podía confirmar su identidad.

—¿Qué amiga?

La notaria señaló un nombre asentado entre los documentos de respaldo de aquella operación.

Claudia Méndez.

Mi mejor amiga.

La mujer que había dormido en mi casa cuando murió mi madre.

La misma que me acompañó durante semanas después del funeral.

Salí de aquella oficina sintiendo que me faltaba el aire.

Continúa en la página siguiente.➡️