—No.
Acabo de presentar documentos.
—Esa empresa tiene obligaciones que no podrías pagar ni vendiendo todo lo que tienes.
Lo miré fijamente.
—¿Qué obligaciones?
Sonrió.
—Deberías haber aceptado los 150,000 pesos.
Mi suegra apareció junto a él.
—Nosotros te dimos una familia, Mariana.
No olvides eso.
—Yo ya tenía una familia antes de conocerlos.
Ernesto se inclinó hacia mí.
—¿De verdad crees que nunca averiguamos quién eras antes de casarte con Rodrigo?
Sentí un escalofrío.
—¿Qué quiere decir?
Su sonrisa desapareció.
—Sé perfectamente que fuiste abogada militar.
También sé por qué investigaron tu conducta en 2017.
Me quedé inmóvil.
Aquella investigación había terminado con mi nombre limpio.
Sus actuaciones estaban sujetas a reserva y yo nunca le había contado los detalles a Rodrigo.
Ernesto se apartó y añadió:
—No fue casualidad que mi hijo se enamorara de ti.
Esa noche regresé al pequeño departamento que rentaba desde nuestra separación.
Saqué de una caja metálica los documentos que había conservado durante años.
Entre ellos encontré el instrumento de 2020 mediante el cual Ernesto me convirtió en dueña de Altavista.
Recordaba perfectamente sus palabras:
—Confío más en ti que en mi propio hijo.
Entonces lo interpreté como un gesto de cariño.
Ahora entendía que podía haber sido una trampa.
Al revisar los movimientos bancarios que ya había comenzado a reunir con ayuda de una antigua compañera, descubrí transferencias millonarias hacia empresas desconocidas.
Todas aparecían autorizadas electrónicamente por la administradora registrada.
Yo.
Sin embargo, nunca había utilizado aquellas cuentas.
A las 11:43 de la noche, mi compañera me llamó.
—Mariana, encontramos desde dónde se hicieron las operaciones.
—¿Desde dónde?
—Desde una computadora conectada a la red de tu antigua casa.
Guardé silencio.
—Y hay algo peor.
Una de las empresas que recibió el dinero está vinculada con el coronel que intentó destruir tu carrera militar.
Parte 3
Su nombre era Octavio Beltrán.
Durante años había intentado convencerme de que lo olvidara.
En 2017, cuando todavía trabajaba como asesora jurídica militar, participé en la defensa de un soldado acusado de sustraer equipo del almacén de una unidad.
El muchacho tenía 20 años.
Se llamaba Gabriel Ríos.
