—¿Eso vale nuestro matrimonio?
—No hagas una escena, Mariana.
Mi papá dice que es una oferta generosa.
Ahora, frente a la jueza Mendoza, recordé aquella conversación.
El abogado principal de Rodrigo presentó una relación de bienes.
Entre ellos figuraba un terreno industrial de 18 hectáreas, al norte de Querétaro, valuado en aproximadamente 92 millones de pesos.
Según el documento, pertenecía exclusivamente a Rodrigo porque lo había adquirido antes de nuestra boda.
El abogado terminó su exposición.
—Solicitamos que se reconozca el carácter privativo de esos bienes y se resuelva conforme a las capitulaciones matrimoniales.
La jueza me concedió la palabra.
Abrí mi portafolio.
Saqué una carpeta delgada y caminé hasta el lugar indicado.
—Su señoría, antes de discutir cuánto dinero pretende quitarme mi esposo, necesito aclarar algo: la empresa que figura como propietaria de esas 18 hectáreas está legalmente a mi nombre desde hace 6 años.
Rodrigo levantó la cabeza.
Mi suegro dejó de sonreír.
—Y existe una razón muy concreta por la que su familia necesita que yo pierda este juicio.
Entonces coloqué sobre la mesa una copia certificada de un instrumento notarial.
Pero cuando mencioné la fecha en que se había firmado, Rodrigo no miró a su abogado.
Miró directamente a su padre.
Y comprendí que aquel divorcio escondía algo mucho más grave que una pelea por dinero.
Parte 2: —La sociedad se llama Desarrollos Altavista del Bajío —continué—.
Según el libro corporativo y los instrumentos que presento, soy titular del 100% de sus partes sociales.
El abogado de Rodrigo se puso de pie.
—Existe un convenio posterior por el cual la señora cedió esos derechos a mi cliente.
—Entonces le agradecería que mostrara el original.
El abogado entregó una copia.
La reconocí inmediatamente.
Aparecía mi nombre, una firma parecida a la mía y una fecha: 14 de septiembre de 2022.
Ese día jamás habría firmado un documento en Querétaro.
Estaba en Puebla, acompañando a mi madre durante sus últimas horas de vida.
—Desconozco esa firma —declaré—.
Solicito que se exhiba el documento original y que se practique una pericial grafoscópica.
La jueza examinó los papeles y dio oportunidad a la contraparte de responder.
Finalmente, ordenó las diligencias necesarias para verificar la autenticidad del convenio y mantuvo las medidas provisionales sobre los bienes sujetos a controversia, hasta resolver las solicitudes correspondientes.
Al salir, escuché pasos detrás de mí.
Era mi suegro, Ernesto Salcedo.
Tenía 67 años y una costumbre desagradable: acercarse demasiado cuando quería intimidar a alguien.
—Acabas de cometer el error más grande de tu vida —murmuró.
