Era una conversación grabada legalmente por una de las personas que habían participado en una reunión sobre la contabilidad de la empresa familiar y que había entregado voluntariamente la grabación.
Reconocí la voz de Adrián.
—Con Valeria sometida a un proceso penal, podemos solicitar medidas sobre los bienes y presionarla para que negocie.
Mi padre respondió:
—No quiero negociar.
Quiero que firme todo y desaparezca.
Después escuché a mi madre.
—¿Y qué hacemos si descubre lo que pasó con el dinero de Ernesto?
Adrián guardó silencio durante unos segundos.
Luego dijo:
—Entonces tendremos un problema mucho mayor que una herencia.
Lucía detuvo el audio.
—Hay algo más, Valeria.
La sociedad que recibió los 18.4 millones no fue la única beneficiaria.
—¿Quién más recibió dinero?
Mi abogada deslizó hacia mí un estado de cuenta.
Vi una transferencia por 3.2 millones de pesos.
El beneficiario era Adrián Salcedo.
Pero la referencia de pago contenía 4 palabras que me hicieron olvidar por un instante dónde estaba:
Gastos médicos de Ernesto.
Mi abuelo había muerto después de que su tratamiento cardíaco fuera suspendido por falta de recursos, según nos habían explicado.
Y ahora tenía frente a mí una transferencia realizada con dinero de su empresa, supuestamente destinado a pagar aquellos mismos gastos.
Parte 3
Durante años creí que la muerte de mi abuelo había sido una tragedia inevitable.
La última vez que lo vi consciente, estaba acostado en una cama del hospital, respirando con dificultad.
Me tomó la mano y me dijo:
—Valeria, si algún día tienes que escoger entre conservar a tu familia y conservar tu conciencia, no permitas que te hagan creer que son la misma cosa.
Nunca entendí completamente aquellas palabras.
Hasta esa madrugada.
Lucía observó el estado de cuenta que yo sostenía.
—No podemos concluir que desviaron dinero médico solamente por esta referencia —me advirtió—.
Necesitamos las facturas, el expediente clínico y los registros contables.
Tenía razón.
Por mucho que odiara a mis padres en ese momento, no iba a cometer el mismo error que ellos: convertir mis sospechas en acusaciones sin pruebas.
Solicitamos las copias necesarias mediante los procedimientos correspondientes.
Mientras tanto, la Fiscalía revisó la detención y las contradicciones entre las 2 carpetas de investigación.
Horas después, el Ministerio Público determinó que no existían elementos suficientes para mantenerme detenida en esas condiciones.
Recuperé mi libertad, sin que eso significara que la investigación inicial quedara automáticamente concluida.
Salí del edificio después del amanecer.
Lucía me esperaba con un café.
—¿Quieres ir a casa?
Miré el cielo gris sobre Guadalajara.
—No.
Quiero saber qué hicieron con el dinero de mi abuelo.
Durante los siguientes 12 días trabajamos junto con un contador forense independiente y aportamos información a las autoridades.
Los documentos revelaron una secuencia inquietante.
Mi padre había creado una empresa llamada Servicios Administrativos del Occidente, registrada a nombre de un antiguo empleado.
Durante casi 2 años, esa sociedad facturó asesorías que no pudieron acreditarse, mantenimiento de equipos inexistentes y supuestos servicios médicos.
Los pagos salían de empresas controladas por mi abuelo.
